Formación y empleo

Reclamación propuesta por el CERMI

El Gobierno aprueba solucionar la derogación de los programas de empleo a favor de la discapacidad

21/09/2011

El Gobierno ha atendido la reclamación del CERMI dirigida a dar solución a los problemas que puede provocar la derogación de todos los programas de empleo a favor de las personas con discapacidad.

Se trata de una de las principales medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre en un Real Decreto de medidas complementarias en materia de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, el Real Decreto anterior de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo había dejado en vigor dichos programas de forma transitoria hasta que se aprobara la Estrategia Española de Empleo, lo que, hasta el momento, no se ha producido.

En este sentido, el CERMI había advertido al Gobierno de que, en caso de que no aprobaran las normas de desarrollo de dicha Estrategia, podía producirse un vacío normativo que impidiera el mantenimiento de las ayudas que facilitasen al mantenimiento de miles de empleos ocupados por personas con discapacidad.

Según el CERMI, el Ejecutivo ha sido sensible a este problema y ha incluido una disposición que establece que "el Gobierno garantizará en la Estrategia Española de Empleo, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento de empleo”, así como que “las disposiciones que se contemplan en la disposición derogatoria única del Real Decreto anterior, permanecerán en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no desarrollen acciones y programas propios en esta materia”.

En este contexto, continúa el Comité, se pueden dar dos escenarios: o bien que el Gobierno no apruebe la Estrategia, por lo que siguen vigentes los programas de ayuda al empleo; o que el Gobierno apruebe la Estrategia y como el Real Decreto que aprueba ésta debe ser desarrollado por las comunidades autónomas, los programas vigentes a la fecha lo seguirán estando mientras no se apruebe la norma autonómica de desarrollo y, sólo cuando ésta sea aprobada, sustituirá a los programas vigentes.

El Gobierno se compromete, en el marco de la Estrategia Española de Empleo, a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento del empleo 

Entre las demás medidas que están incluidas en el Real Decreto se incluyen la promoción de autoempleo, el trabajo autónomo y la economía social en la Ley de Empleo. También establece una referencia expresa a las situaciones de exclusión y a la contratación a través de empresas de inserción.

Además, se añade una disposición adicional a la Ley de Empleo para que se consulte la Estrategia Española de Empleo a los Consejos de Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social.

Edad de jubilación

Por otra parte, se ha previsto que los acuerdos de traspaso prevean la participación de las comunidades autónomas en la gestión de las bonificaciones de las cuotas a Seguridad Social por contratación indefinida respecto de trabajadores de centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma, así como respecto de los trabajadores autónomos. En este sentido, el CERMI recuerda que “un acuerdo de traspaso de esta clase ya se alcanzó con el País Vasco.

Asimismo, el Real Decreto incluye un representante de las comunidades autónomas en el Comité de Gestión del Fondo de Políticas de Empleo y se permite que los contratos para la formación celebrados al amparo de programas de escuela taller u otros de empleo-formación que estuvieran aprobados o pendientes de aprobación a la entrada en vigor del Real Decreto utilicen la normativa anterior.

En cuanto a la regulación del Régimen de Actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también establece la posibilidad de permanencia en el servicio activo hasta la edad de jubilación a los 65 años.

Por último, se autoriza a la venta de tabaco en las tiendas de conveniencia y se establece una nueva regulación del silencio administrativo en materia de ensayos clínicos y la distribución de las obligaciones de financiación por parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual entre películas cinematográficas y películas y series de televisión.